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El 27 de agosto de 1982 el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de octubre. Felipe González, con 40 años, se convirtió en el tercer presidente de Gobierno de la joven democracia española. El PSOE obtuvo una amplísima mayoría absoluta en las elecciones generales. Más del 79,97% del censo electoral acudió a las urnas.10.127.392 votos pusieron el futuro del país en manos de los socialistas. Era la primera vez en la historia que el Partido Socialista iba a gobernar en solitario.
Una abrumadora victoria alcanzada en medio de una nueva amenaza a la democracia. Un nuevo golpe de Estado estaba preparado para el día 27 de octubre, durante la jornada de reflexión previa a los comicios; golpe que gracias a los servicios de información pudo ser desmontado a tiempo.
En la noche del 1 de octubre el presidente en funciones, Calvo Sotelo, y los ministros de Defensa e Interior en funciones, Alberto Oliart y Juan José Rosón, recibieron del director del CESID (Centro Superior de Información para la Defensa) información muy detallada sobre el golpe de Estado que un grupo de coroneles tenía previsto dar la víspera de las elecciones. Muy pocas horas antes de que el teniente coronel Manglano informara al presidente, los servicios de información aprovecharon que uno de los golpistas, Luis Muñoz Gutiérrez, entrara en un restaurante para, en una operación rapidísima, forzar el maletero, coger su maletín, sacar y fotografiar los documentos que demostraron los preparativos del levantamiento y devolverlo a su lugar.
Lo que los agentes del CESID tenían en sus manos era el más complejo y elaborado proyecto de golpe de Estado diseñado en España. Un golpe cruento, durísimo, que incluía el asalto con artillería al palacio de La Zarzuela, residencia del Rey, y al de La Moncloa, residencia del presidente del Gobierno; el control de los cuarteles generales de los tres Ejércitos; del Ministerio del Interior; de la Dirección de la Seguridad del Estado; de la Dirección de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, del de Exteriores; todo el complejo sistema de comunicaciones del Ejército y de los servicios de Seguridad del Estado y la “neutralización” de todos los centros de poder civil y militar de Madrid, con el objetivo de paralizar por completo la capital de España.
El día del golpe serían ocupadas, además, la sede de Televisión Española, todas las emisoras de radio, los periódicos y determinados semanarios. Sólo se dejaría abierta Radio Nacional de España con el fin de emitir los comunicados de los golpistas. Los capitanes generales (que, con excepción de Milans, no se sumaron al golpe del 23F), serían también convenientemente “neutralizados” por oficiales adictos al golpe que ya se habían comprometido con la operación.
En poder del CESID estaban también las listas elaboradas por los golpistas de personalidades políticas, periodísticas y de otros ámbitos de la vida nacional que deberían ser “neutralizados” en el momento de este golpe que, vistos los planteamientos, estaba fuera de toda duda iba a ser enormemente sangriento. En los casi 500 folios incautados se afirmaba que los comandos golpistas debían estar preparados para actuar con la máxima contundencia y que los oficiales encargados de “neutralizar” a sus superiores tendrían que emplear cualquier sistema para lograr su objetivo.
Los golpistas también tenían previsto la disolución del Parlamento y el nombramiento como capitán general de Madrid de Jaime Milans del Bosch, que en esos momentos cumplía condena de 30 años de prisión por su intentona golpista del 23F.
Ya sólo faltaba cerrar los contactos con los responsables militares que debían intervenir en el momento de sacar los carros y las tropas a la calle.
Con esa información, el Gobierno en funciones ordenó la inmediata detención de los cabecillas responsables del segundo intento de golpe en menos de dos años. A las cuatro de la mañana del 2 de octubre fueron detenidos en sus casas los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspineda y el teniente coronel José Crespo Cuspineda.
Casi al mismo tiempo, un helicóptero trasladó a Milans del Bosch, director e inspirador de esta nueva intentona, desde la Academia de Artillería de Fuencarral, donde cumplía su condena, a Tarifa, Cádiz, donde quedó incomunicado.
Los recuerdos se venían a la mente. El 8 de marzo, dando fuertes golpes en la mesa y casi a gritos, Milans del Bosch dijo durante el juicio contra los implicados en el 23F que existía una operación “mucho más dura que la de Tejero Molina”, integrada por coroneles y tenientes coroneles en activo del Ejército, que no estaba desarticulada. En un evidente desafío al Tribunal, Milans afirmó que él, personalmente, había amenazado con “perseguir hasta la muerte” a quien diera los nombres de los implicados.
Este era el golpe del que había hablado Milans. A pesar de la gravedad de los hechos y de que en las semanas siguientes la prensa continuó publicando nombres de civiles presuntamente implicados en la intentona, tanto el presidente saliente, Calvo-Sotelo, como el entrante, Felipe González, que fue informado de forma inmediata, acordaron otorgar un perfil bajo a la nueva agresión involucionista. Ambos estuvieron de acuerdo en que no era bueno abrir demasiado el abanico en la persecución de implicados en un golpe que había fracasado porque, como decían, era probable que el país no pudiera soportar tanta carga. El fenómeno de la retroalimentación entre la violencia de un lado y el terrorismo de otro se confirmaba una y otra vez por la vía de los hechos: el 4 de noviembre, cuando el segundo intento de golpe está recién desmontado, cuando todavía había un Gobierno en funciones, ETA asesinó al general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada Brunete, la unidad más potente y mejor dotada del Ejército español, la que el 23 de febrero estuvo a punto de levantarse contra el poder constituido. Una semana después, la banda terrorista hizo público un comunicado considerando a Felipe González como su enemigo y declarándole la guerra.
UN NUEVO INTENTO
Bien es cierto que en 1985 el país superó la innumerable serie de obstáculos que se alzaron para retrasar su incorporación a la Comunidad Europea, pero también el hecho de que antes de que eso sucediera, se produjo un hecho de máxima gravedad que, sin embargo, no fue trasladado a la opinión pública, en un claro intento del Gobierno de que pasase inadvertido: un nuevo intento de golpe de Estado.
Esta vez, el plan fue abortado por los servicios de inteligencia en su fase inicial, aunque sí trascendió es que se trató de un proyecto de atentado contra los más altos representantes de las instituciones del Estado.
La intentona golpista pretendía hacer estallar una bomba debajo del estrado en el que se iban a encontrar los Reyes, el Príncipe de Asturias, el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y otros altos cargos, el día 2 de junio en La Coruña, con motivo del desfile militar del día de las Fuerzas Armadas.
Este fue, aparentemente y hasta donde la opinión pública y los medios de comunicación han tenido noticia hasta hoy, el último intento organizado de imponer por la fuerza un vuelco a la democracia española.
Para cuando los servicios de información lograron desmontar el plan, el Gobierno de Felipe González ya había realizado una parte importante de la reforma de las Fuerzas Armadas.
A partir de enero de 1984, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Defensa, el poder militar perdió cualquier atisbo de autonomía y quedó sometido de forma clara al poder civil. El papel y la función de la Junta de Jefes de Estado Mayor se modificaron de manera que este órgano pasó a ser de asesoramiento militar del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa, quienes a partir de entonces ostentarán el mando y la autoridad sobre los Ejércitos.
El Gobierno del PSOE reestructuró también el Ministerio de Defensa, integrando los tres Ejércitos en la estructura orgánica y funcional del ministerio. El Ministerio pasó así a tener un bloque militar, encabezado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y un bloque civil, encabezado por los altos cargos del departamento. Ambos bloques quedaron bajo el mando y la autoridad del ministro de Defensa y del presidente del Gobierno.
Estas y otras modificaciones, como la Ley de Plantillas para el Ejército de Tierra, que contempló la reducción de jefes y oficiales; las leyes de Retribución para los tres Ejércitos; la Ley de Objeción de Conciencia; la Ley del Servicio Militar y, finalmente, la modificación de los planteamientos estratégicos contenidos en los sucesivos Planes Estratégicos Conjuntos, han conformado una nueva estructura de las Fuerzas Armadas, ajustada a los parámetros de cualquier país europeo.
El sometimiento del poder militar al poder civil quedó definitivamente establecido cuando, en diciembre de 1985, se aprobó el nuevo Código Penal Militar, que recoge exclusivamente los delitos de naturaleza militar y, cuando en 1987, con la desaparición del Consejo Supremo de Justicia Militar y la creación de la Sala 5ª del Tribunal Supremo, dedicada a los asuntos militares, se suprime todo el sistema judicial militar, que pasa a estar integrado en el sistema civil.
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