EL JUICIO DEL 23 F

Procesados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En febrero de 1982 se inició en Madrid el juicio oral contra los acusados de participar en el intento de golpe del 23 F. Y durante los cuatro meses que duró el juicio el clima político angustioso que provocó el frustrado golpe de Estado se reprodujo en sus mismos términos, pero muy amplificado por la larga duración de la vista oral y por las retadoras actitudes, amenazantes declaraciones e insinuaciones constantes que trataron de implicar al Rey en la conspiración. Esa inaudita actitud de los implicados dio pie a que los ciudadanos revivieran el temor a nuevas acciones involucionistas por parte del sector ultra del Ejército.
Los golpistas no se comportaron en ningún momento como lo que eran, acusados, sino más bien como una suerte del tribunal juzgador del país, de sus instituciones y de sus representantes. Algunos, como el general Milans del Bosch, quien, a diferencia del general Armada, no intentó desmentir su implicación en el golpe, adoptaron actitudes claramente provocadoras que incluyeron desobediencias abiertas al tribunal y amenazas directas a los periodistas que siguieron el desarrollo del juicio. La tensión alcanzó tal nivel y las presiones sobre el tribunal militar que juzgó a los golpistas fueron de tal intensidad y envergadura que el presidente del tribunal, general Alvarez Rodríguez, sufrió una crisis emocional que llevó al Gobierno a tener que retirarle de la presidencia. Le sustituyó el general Gómez de Salazar, quien pronto impuso su autoridad sobre los acusados, permitiendo que el juicio continuase sin los bochornosos incidentes del comienzo.

El juicio a los implicados del 23F duró desde el 18 de febrero hasta el 24 de mayo, en que el caso quedó visto para sentencia.

En los primeros días de junio de 1982 el Consejo Supremo de Justicia Militar hizo públicas las sentencias: hubo dos condenas máximas de 30 años para Milans y Tejero, pero las demás fueron muchoi más atenuadas puesto que, de los 33 acusados (32 militares y un civil), 22 recibieron penas inferiores a 3 años, lo cual les permitía permanecer en el Ejército, cosa que no pudieron hacer los militares demócratas de la UMD. El tribunal consideró, además, que lo sucedido fue una rebelión militar ideada por Milans y ejecutada por Tejero, de manera que el general Armada fue castigado con sólo 6 años de reclusión.

El Gobierno anunció inmediatamente su propósito de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este recurso fue posible gracias a que en el mes de noviembre de 1980 el Congreso pudo aprobar, tras difíciles y largos debates, una reforma parcial del Código de Justicia Militar, una de las reformas impulsadas por Gutiérrez Mellado que supuso un avance extraordinario para el objetivo de implantar de forma definitiva la supremacía del poder civil sobre el militar. La decisión de recurrir ante la jurisdicción civil fue del propio Calvo-Sotelo, en parte, además de otras razones más profundas, por el lamentable espectáculo militar del juicio.

La sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública en abril de 1983, ya bajo un gobierno socialista, aumentó espectacularmente algunas de las condenas, como la de Armada, a quien el Supremo consideró cabecilla de la rebelión y condenó a 30 años, como a Tejero y a Milans. El resto de los implicados hasta el empleo de capitán vieron como su pena al menos se duplicaba.

El poder civil, la sociedad civil, había revisado lo hecho por los militares y lo había corregido. Y eso era ya irrecurrible.


 
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